México, 4 feb (Prensa Latina) La audiencia al empresario Alonso Ancira por fraude fiscal en la compra-venta de una planta obsoleta de fertilizantes sobrevalorada en más de 200 millones de dólares, sigue suspendida hoy por una hipoglicemia del reo.
El juez de control José Artemio Zuñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal federal, con sede en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, tomó esa decisión.
Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, fue entregado el miércoles por autoridades de España tras ser arrestado en el aeropuerto de Palma de Mallorca el 28 de mayo de 2019.
Las acusaciones de lavado de dinero y asociación delictuosa en contra del empresario Alonso Ancira y del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya están formuladas desde marzo de 2019, aclaró la Fiscalía General de la República (FGR).
En la querella sobre la fábrica se señala que el 26 de octubre de 2015 el consejo de administración de Pemex aprobó el proyecto de inversión para concretar la compra de la empresa por un monto de hasta 635 millones de dólares.
Los peritajes realizados refieren que la compañía propiedad de Altos Hornos de México, de la cual Ancira era el principal accionista, había sido sobrevalorada y el precio no estaba soportado en la realidad.
Un avalúo realizado por la firma Ernst & Young «indica que el valor neto que debió haberse pagado por la empresa pudo haberse negociado en 15 millones de dólares, más la asunción de los pasivos existentes.
Sin embargo, la compra de las acciones de la empresa se realizó por 209 millones de dólares, y se asumió la deuda acumulada de otros 426 millones de dólares».
El estudio se agregó a la demanda que dio origen a la causa penal, y que se encuentra en manos del juez de control del juez Zúñiga Mendoza.
Esos análisis indican que «la diferencia entre el valor de los activos de la empresa de 597 millones de dólares, frente a sus pasivos de 582 millones de dólares, arrojaba un valor neto de 15 millones de dólares para el capital.
Sin embargo, Pemex (dirigida por Emilio Lozoya) asumió los pasivos y realizó el pago de 209 millones de dólares, lo que resultó en un deterioro de valor de 193 millones de dólares, y ahora ambos deben cargar con ese enorme fraude. El Gobierno exige que ese dinero sea devuelto al Estado.